“Un golpe de Estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño”

agosto 28, 2009 at 5:50 pm (Uncategorized)

 

Enrique Santiago

Rebelión

 

El pasado 28 de junio, bajo la argumentación de que el presidente Manuel Zelaya había violado la Constitución, el ejército lo detenía y expulsaba del país. Este informe, elaborado por un experto en derecho internacional, muestra cómo los auténticos violadores de la Constitución hondureña fueron los golpistas que derrocaron al presidente legítimo del país.

 

 

El articulo 5 de la Constitución de la República de Honduras establece que el “El gobierno debe sustentarse en el principio de democracia participativa (…)”

 

Añade el articulo 15 de la Carta Magna hondureña: “Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales (…)”

 

De igual forma, la constitución hondureña establece en su articulo 16, que los tratados internacionales celebrados por Honduras, una vez que entran en vigor forman parte de su ordenamiento jurídico interno.

 

Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, de 23 de marzo, por el que se convocaba “(…) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (…)”. Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, “La Gaceta”. Conforme al articulo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez transcurrida la “vacatio legis” establecida.

 

El objeto del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha sido tomado literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el Fiscal de la Nación de Honduras.

 

Con fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria en el procedimiento Demanda nº 151-09 incoada a solicitud del Ministerio Publico (Fiscalía de la Nación), sentencia por la que se ordenaba suspender “todos los efectos del acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”, con lo que la meritada sentencia igualmente prohibía la publicación en el diario oficial “La Gaceta” de dicho Decreto Ejecutivo, que en dicha fecha aun no había sido publicado por motivos que se desconocen para los redactores de este informe.

 

La indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa añade: “(…) De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la Republica”.

 

Con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.

 

Con fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 (La Gaceta nº 31.945, de 25 de junio de 2009), y con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras (Decreto nº 3-2006, del 27 de enero de 2006, publicada el 1 de febrero de 2006) el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de Estadística de Honduras la realización de una “Encuesta Nacional de Opinión” a celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntaría a los ciudadanos la siguiente cuestión:

 

“¿Esta de acuerdo en que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?, SI- NO”

 

Con fecha 29 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a solicitud el Ministerio Publico (Fiscal de la Nación) emitió la siguiente “aclaración” de la sentencia de fecha de 27 de mayo de 2009.

 

“ACLARA: La sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009, de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido, o se emita, ya sea expreso o tácito, por su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve el mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”.

 

A simple vista se aprecia el carácter arbitrario y falto de fundamentación de la anterior “aclaración de sentencia”, que no contempla antecedentes ni hechos diferentes a los ya contemplados en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009. Esta última sentencia fue dictada con posterioridad a la aprobación del Decreto Ejecutivo 020-2009 del Poder Ejecutivo (Presidente de la Republica) de fecha 26 de mayo de 2009, por lo que bien podía haber contemplado como antecedentes de hecho el contenido del mencionado Decreto 020-2009. Tampoco consta acto de impugnación expresa de parte alguna contra el mencionado Decreto 020-2009, por lo que para el supuesto de que la mencionada “aclaración de sentencia” se entendiera aplicable para restar o anular efectos al Decreto Ejecutivo 020-2009 de 26 de mayo, nos encontraríamos ante un claro supuesto de “incongruencia judicial extra petita”, proscrito por los Principios General del Derecho Procesal, así como por las normas procesales hondureñas.

 

El articulo 5 de la Constitución de Honduras, instituye como mecanismo de consulta a los ciudadanos el referéndum –definido este como ratificación o desaprobación por la ciudadanía de una ley ordinaria, norma constitucional o reforma constitucional- y el plebiscito -definido como pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa- . Nada obsta por tanto a que con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras, el Presidente de la Republica encargue al Instituto Nacional de Estadística la realización de una Encuesta o Consulta sin carácter vinculante. Recuérdese que por norma constitucional, el resultado de un Referéndum o de un Plebiscito tendría fuerza imperativa y seria vinculante para los poderes públicos.

 

Añade el articulo 5 de la Constitución de Honduras, que “corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos, señaladas en los párrafos anteriores” (referéndum y plebiscitos vinculantes).

 

Por lo anterior, la conclusión evidente en Derecho es que la convocatoria de una consulta distinta a las reguladas en el articulo 5 de la Constitución hondureña, no invade ni las competencias de los órganos constitucionales con capacidad para convocar el Plebiscito o el referéndum, ni mucho menos puede considerarse en una democracia como un “delito” la mera voluntad de conocer la opinión de la ciudadanía, máxime cuando no existe norma jurídica expresa en el ordenamiento hondureño que impida realizar tales consultas. Al respecto, seria de aplicación el principio de legalidad penal, así como el principio general del derecho de mínima intervención del derecho penal.

 

Sin embargo, el Fiscal de la Nación, en su solicitud de captura del Presidente de la Republica y de allanamiento de la vivienda de este (Palacio Presidencial) de fecha 25 de junio de 2009 -que aparece en el expediente judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras referido a los sucesos de los días 28 de junio de 2009 y sucesivos, formula las siguientes acusaciones penales contra el Presidente Zelaya, por el hecho de haber convocado una “Encuesta Nacional de opinión a celebrar el día 28 de junio de 2009” mediante el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009:

 

1º.- Delito contra la Forma de Gobierno

 

2º.- Delito de Traición a la patria

 

3º.- Delito de abuso de autoridad

 

4º.- Delito de usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Publica y el Estado de Honduras.

 

1.- Delito contra la forma de Gobierno, tipificado en el artículo 328.3 del Código Penal hondureño:

 

“delinquen contra la forma de Gobierno: (…) quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: (…) 3.- despojar en todo o en parte al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la constitución”.

 

Obsérvese en este punto, y antes de continuar el razonamiento, que la destitución mediante golpe de estado del Presidente Zelaya, sin duda ha supuesto la perpetración de un delito contra la forma de Gobierno por parte de quienes perpetraron dicha destitución.

 

A juicio de esta parte, el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 no ha despojado ni al Congreso Nacional ni a la Corte Suprema de Justicia de ninguna de sus prerrogativas o facultades. Las prerrogativas supuestamente despojadas, según la acusación presentada por el Fiscal de la Nación de Honduras en fecha 25 de junio 2009 contra el Presidente Zelaya, serian las contempladas en el antes citado articulo 5 de la Constitución: la convocatoria de plebiscito o referéndum. Como ya hemos visto, la Encuesta Nacional de Opinión convocada mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009, ni tenia forma de plebiscito o referéndum, ni los efectos jurídicos de la misma eran equiparables al efecto jurídico de las dos mencionadas formas de consulta reguladas en el articulo 5 de la Constitución.

 

2.- Delito de Traición a la Patria: Conforme a la citada acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, el delito de Traición a la Patria aparecería tipificado en el articulo 2 de la Constitución hondureña en relación al art. 4 de la misma norma fundamental. Establece el artículo 2 de la Constitución hondureña:

 

“La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado que se ejercen por representación.

 

La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”,

 

añadiendo el artículo 4 de la norma constitucional:

 

“La forma de gobierno es republica, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.

 

La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”

 

A primera vista se observa la deficiente técnica jurídica constitucional, que tipifica una actuación política como delito a través de norma penal en blanco -toda vez que se establece el delito pero no la pena correspondiente al mismo- en un texto -el constitucional- cuya misión es determinar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico hondureño y en ningún caso definir tipos penales.

 

El Código Penal, en su artículo 310-A, sin definir el tipo penal, establece la pena correspondiente al delito de “traición a la patria” tipificado en el artículo 2 de la Constitución hondureña, estableciendo una pena de 15 a 20 años de reclusión.

 

La acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, por la hipotética comisión del delito de “Traición a la Patria” se fundamenta en lo establecido en el párrafo 7 del articulo 5 de la Constitución:

 

“No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el articulo 374 de la Constitución (…)”,

 

en relación con los artículos 373, 374 y 375 de la Constitución hondureña.

 

Sin duda alguna, los contenidos de estos artículos constitucionales configuran el verdadero núcleo del debate político que ha provocado el golpe de estado realizado en Honduras el pasado día 28 de junio de 2009. Se trata de tres artículos constitucionales, que en síntesis, proscriben cualquier reforma constitucional que afecte a la forma de gobierno de la republica, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica a quien haya desempeñado anteriormente dicha magistratura, así como se refiere a quienes no puedan ser Presidente de la republica en el periodo subsiguiente a haber desempeñado determinados cargos institucionales.. Son los artículos denominados “pétreos” por el constitucionalismo hondureño, supuestos de irreformabilidad constitucional no previsto en ningún otro texto constitucional del mundo –salvo quizás y parcialmente la actual constitución italiana, que en su articulo 139 proscribe la revisión constitucional de la “forma republicana” impidiendo así la implantación de un régimen monárquico-, que bien podria definirse como propio del preconstitucionalismo de los albores del Siglo XIX, y que podria llegar a conculcar incluso lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 25. a.) en la medida en que de facto significa una usurpación de la soberanía popular, a la que se veta la posibilidad de decidir libre y democráticamente un sistema político diferente al consagrado en dichos artículos “pétreos”. Esta prohibición vulneraría el “contenido esencial” del derecho de sufragio, puesto que sustrae del poder constituyente una decisión como es la de si un presidente puede ser reelegido.

 

Establece el citado articulo 374 de la Constitución hondureña:

 

“No podrán reformarse, en ningún caso, el articulo anterior, el presente articulo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica, el (sic) ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier titulo y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la republica por el periodo subsiguiente”

 

Como se aprecia, la acusación formulada por el Fiscal de la Nación de Honduras indebidamente equipara la convocatoria de una Encuesta Nacional de Opinión por el Presidente Zelaya, -cuyo objetivo o resultado no era la realización de reforma constitucional alguna sino mas bien conocer la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad de abordar dicha reforma-, con la realización de una reforma constitucional contraviniendo lo establecido en los artículos 373 (competencia del Congreso Nacional para operar reformas constitucionales), 374 y 375 (inderogabilidad de la Constitución si no es reformada por las vías establecidas en ella) de la Constitución Nacional. Sobran argumentos -jurídicos y lógicos- para acreditar que en ningún caso la convocatoria -ni tan siquiera la realización, ya que nunca llegó a celebrarse- de la mencionada Encuesta o consulta nacional puede ser equiparable a la realización de una reforma constitucional o a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es conocer el estado de opinión de la ciudadanía -por lo demás, sumamente aconsejable en cualquier democracia- y otra cosa es pre-establecer que dicha opinión una vez manifestada equivale a un mandato imperativo, máxime cuando ni tan siquiera se ha podido verificar a través de la Encuesta Nacional de opinión, cual es realmente dicha opinión. Se imputa como delito al Presidente Zelaya la realización de una supuesta reforma constitucional que a fecha de hoy nadie ha indicado o acreditado en que consistiría exactamente, es decir, cuales serian los artículos reformados o a reformar.

 

Conviene destacar aquí que mediante Decretos 412-2002 de 13 de Noviembre de 2002, ratificado por Decreto 154-2003 del 23 de septiembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma de los articulos 239 y 240 de la constitución hondureña, ambos declarados “pétreos” por el articulo 374 de la Constituicion. En dicha ocasión -en la que si se consumó reforma constitucional llevada a cabo por el Congreso de la Nacion aprobándose la posibilidad de reelección presidencial entre otras reformas – ni la Fiscalia de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia iniciaron acción penal alguna contra los responsables de dicha reforma. Con fecha 11 de Noviembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló dichas reformas por inconstitucionales, sin adoptarse medida punitiva o reproche penal alguno contra ningun ciudadano.

 

 

3.- Abuso de autoridad: tipificado en el articulo 349.1 del Código Penal:

 

“será castigado con reclusión (…) el funcionario o empleado publico que: 1. Se niegue a dar debido cumplimiento a ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”

 

El Fiscal de la Nación formula esta acusación de desobediencia judicial al Presidente Zelaya a pesar de que como mas arriba se ha indicado, con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009, todo ello en cumplimiento de la Sentencia emanada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa. La mera existencia del Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 es prueba fehaciente del acatamiento presidencial de la señalada sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo, a pesar de que dicho conflicto de poderes -entre el Ejecutivo y el Judicial- debiera mas bien haberse resuelto aplicando los mecanismos previstos en la legislación administrativa hondureña para la resolución de conflictos de competencias entre diversos organismos del Estado, y no recurriendo a la judicialización penal de este conflicto, en abierta contradicción con el principio de mínima intervención del derecho penal.

 

Parece en todo caso exorbitado que el Fiscal de la Nación formule acusación contra el Presidente Zelaya equiparando a este a “funcionario o empleado publico”, sin reconocer las prerrogativas, inmunidades e inviolabilidades que debe ostentar la primera magistratura de Honduras, atendiendo tanto a lo establecido en el Derecho Internacional Penal (Sentencia Corte Internacional de Justicia de la Haya de 14 febrero de 2002. RD Congo vs Bélgica), como a la propia legislación interna hondureña.

 

En el derecho internacional publico, el principio de inmunidad estatal se hace extensivo a sus agentes en particular al Jefe de Estado, que usualmente -si es electo legítimamente- encarna la soberanía de su nación y ejecuta los principales actos de estado.

 

La inmunidad del jefe de estado se define de dos formas: la inmunidad “ratio personae” y la inmunidad “ratio materiae”.

 

Bajo la primera se exime al gobernante en ejercicio por ser quien es, el jefe de estado. Es una cortesía que se concede entre estados para evitar que se utilicen los tribunales para sustanciar asuntos políticos internos o entre estados.

 

Bajo la segunda se mantiene la inmunidad después de haber cesado en su cargo en cuanto a aquellos actos de estado (actos de gobierno) que realizó el jefe de estado durante su mandato pero no así respecto a actos privados que no son actos de gobierno, incluidos actos con responsabilidad penal internacional, que por definición nunca pueden ser actos de gobierno.

 

El Código Penal hondureño, en su artículo 316, expresamente contempla la inmunidad de un “Jefe de Estado extranjero”, por lo que parece lógico entender que dicha inmunidad durante el ejercicio del cargo ha de extenderse al Jefe de Estado hondureño. máxime atendiendo a las norma contemplada en el articulo 323 del Código Penal hondureño en vigor:

 

“Quien ofendiere al Presidente de la Republica en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión”

 

 

4.- usurpación de funciones: conforme a lo establecido en el articulo 354 del Código Penal hondureño, “el funcionario o empleado publico que usurpare funciones de otro cargos era sancionado con reclusión (,…)”

 

Nuevamente el Fiscal de la Nación, equiparando al Presidente Zelaya a un funcionario o empleado publico y obviando su condición de Jefe de Estado, formula acusación por un resultado que nunca se produjo: la supuesta usurpación de funciones del Congreso Nacional por el Presidente de la republica en el supuesto de que este convocara y constituyera una Asamblea Constituyente o bien reformara directamente la constitución hondureña. Olvida el Fiscal de la Nación lo establecido en el articulo 13 del Código Penal hondureño respecto a los hechos que pueden ser considerados delitos:

 

“El delito será de ser (sic) realizado por acción o por omisión (…)”,

 

Pas no por “intención”, podríamos añadir a sensu contrario, no pudiendo existir por tanto delito alguno sin que exista previamente la perpetración del acto delictivo.

 

 

Como resultado de la solicitud de detención y allanamiento contra el Presidente de la Republica solicitada por el Fiscal de la Nación en fecha 25 de junio de 2009, con supuesta fecha de 26 del mismo mes se emitió “orden de captura, toma de declaración y allanamiento de su vivienda” contra el Presidente Manuel Zelaya, en un hecho inédito en los estados de Derecho occidentales y sin iniciarse previamente procedimiento o discusión política alguna sobre la cesación de las inmunidades propias del Jefe de Estado en ejercicio.

 

Decimos “supuesta fecha” de la orden de detención, toda vez, que nadie, ni aun los abogados particulares del Presidente Zelaya que el mismo día 28 de junio interpusieron recurso de amparo contra la anterior orden, vieron la misma hasta al menos el 30 de junio de 2009, veinticuatro horas después de haber sido perpetrado el golpe de estado. Como argumento para no serles mostrada dicha orden el día 28 de junio , la Corte Suprema alegó la “secretividad” del procedimiento penal seguido contra el Presidente Zelaya, que recodemos, ya había sido expulsado del país y cesado en su cargo, por lo que difícilmente la mencionada “secretividad” tendría fundamento alguno al ser imposible que el acusado realizara cualquier actuación tendente a ocultar o destruir pruebas incriminatorias..

 

La mencionada orden de la Corte Suprema de Justicia establece

 

“(…) líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado. En vista de que los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas y existiendo un peligro de fuga, decrétese el Allanamiento de la vivienda del ciudadano antes mencionado en la Colonia Tres Caminos, cuarta avenida, segunda casa, manos izquierda, sin numero (se refiere al Palacio Presidencial) el que deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente, y para tal efecto nómbrese Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas Armadas Hondureñas (…)”.

 

 

Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.

 

El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.

 

Posteriormente, el Ejercito Hondureño ha venido presionando a los militares integrantes de la Guardia Presidencial testigos del secuestro del Presidente Zelaya –según alguno de ellos ha declarado personalmente a los integrantes de esta misión de Observación y a terceras personas-, con el fin de que declararan que el allanamiento de la casa presidencial se produjo con posterioridad a las 6 AM del día 28 de junio, que se mostró orden judicial de detención y allanamiento y que no se produjo violencia alguna durante el allanamiento.

 

La citada orden de detención y allanamiento librada contra el Presidente Zelaya expresamente indica que el allanamiento debería realizarse “entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente”, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 99 de la Constitución hondureña para la realización de allanamientos. Se observa que las fuerzas militares que perpetraron tal allanamiento no respetaron ni el contenido de la orden de realizar este –Zelaya nunca fue presentado ante la justicia hondureña- ni el citado precepto constitucional, toda vez que el allanamiento se realizó cuarenta y cinco minutos antes de las 6 AM del 28 de junio.

 

Tanto la orden de allanamiento como la orden de captura deben ser mostradas a sus destinatarios por las autoridades que las ejecuten. así se dispone en el artículo 214 del Código Procesal Penal hondureño respecto a la orden de allanamiento y en el artículo 84 de la Constitución respecto a la orden de captura. En el caso del secuestro del Presidente Zelaya, a este no le fueron mostradas ni la orden de allanamiento ni la orden de captura, ni le fueron expresadas los motivos de esta, tal y como han declarado el propio Presidente así como los testigos presentes en el momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas hondureñas en la Casa Presidencial.

 

Posteriormente y en flagrante violación de la orden de captura y allanamiento emitida por la Corte Suprema de Justicia, que indicaba:

 

“(…) para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado(…)”,

 

el Presidente Zelaya fue expulsado de facto del país a bordo de un avión que le trasladó a Costa Rica custodiado por militares hondureños. Es decir, ni se puso al Presidente “a la orden de la autoridad judicial”, ni se le tomo declaración judicial, además de ser expulsado del país sin que exista norma legal alguna que habilite para la realización de esta acción. De hecho, el articulo 71 de la Constitución establece que “(…) nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito (…)”. Igualmente, el articulo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”

 

Igualmente, el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia de “Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas Armadas” para la ejecución de la orden de captura y allanamiento dictada contra el Presidente Zelaya, conculca claramente lo establecido en el articulo 274 de la Constitución, al otorgarse por la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas competencias en materia judicial y de seguridad publica que la Constitución no les otorga. Establece el articulo 274 de la norma constitucional hondureña, que las Fuerzas Armadas “(…) cooperaran con las instituciones de seguridad publica, a petición de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, trafico de armas y el crimen organizado (..)” no dándose ninguno de los anteriores supuestos de hecho ni habiendo existido petición alguna a las Fuerzas Armadas por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

 

 

En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09. La Gaceta nº 31.950, de 1 de julio de 2009

 

El anterior Decreto es claramente inconstitucional, por los siguientes motivos:

 

El articulo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña otorga al Congreso Nacional la atribución de “aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (…)”, improbación que equivale a reproche político y que en absoluto lleva aparejada la potestad de separar del cargo al Presidente de la Republica. Preguntado el Fiscal de la Nación por los miembros de esta misión Internacional sobre la norma o normas legales que habilitan al Congreso Nacional u a otra autoridad para “separara al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del Cargo de Presidente Constitucional” tal y como reza el articulo 1, apartado 2 del mencionado Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, éste se remitió al Capitulo III del Libro Quinto del Código Procesal Penal hondureño, que regula el “procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado”. Este capitulo, que consta de cuatro artículos (414 al 417) en absoluto contempla el cese cautelar o definitivo de ningún alto funcionario por el hecho de estar sometido a procedimiento penal, como no podría ser de otra manera en aplicación del principio de presunción de inocencia de que disfruta cualquier ser humano hasta que no haya sido condenado por sentencia firme (declaración Universal de los Derechos Humanos, articulo 11.1, y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art 14.2).

 

De esta forma, el mencionado articulo 1, apartado 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, al “separar” al Presidente Zelaya del ejercicio del cargo de Presidente de la Republica, consuma el Golpe de Estado que comenzó a ejecutarse en la mañana del día 28 de junio de 2009 al secuestrar el ejercito hondureño al Presidente Zelaya.

 

De hecho, el nombramiento de Roberto Micheletti Bain como “Presidente Constitucional de la Republica” que consta en el articulo 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, pretendió ser fundamentado -de forma grosera y fraudulenta por los golpistas hondureños- en el articulo 242 de la Constitución hondureña, que establece:

 

“(…) si la falta (del territorio nacional) del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que la falte para terminar el periodo constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto el Vicepresidente de la republica, el poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional” quien en ese momento era Roberto Micheletti.

 

Tras la perpetración del Golpe de Estado en la mañana del día 28 de junio, el Vicepresidente hondureño, Don Arístides Mejia, fue omitido en el supuesto proceso de sucesión constitucional realizado por el Congreso Nacional de Honduras.

 

Igualmente, el artículo 242 de la Constitución prevé que para el caso de que el Presidente del Congreso se viere obligado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por ausencia del Presidente y Vicepresidente, dicho desempeño será simultáneo al de la Presidencia del Congreso Nacional y siempre en calidad de tal Presidente del Congreso.

 

Roberto Michelleti, proclamado ilegalmente presidente de Honduras, nunca ha cesado formalmente como Presidente del Congreso Nacional, lo que no ha obstado a que el régimen golpista, mediante Decreto nº 142-2009 del Poder Legislativo (La Gaceta 1 de julio de 2009) eligiera nuevo Presidente del Congreso Nacional a José Alfredo Saavedra Paz, nuevamente en flagrante violación de la constitución hondureña, que establece el simultaneo desempeño de la Presidencia de la Asamblea Nacional y de la republica para el supuesto de vacancia de la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica.

 

Se observa claramente a lo largo de esta exposición jurídica, como los golpistas hondureños, con la excusa de que el Presidente Zelaya había vulnerado la Constitución Nacional a consecuencia de su intención de celebrar una Encuesta Nacional de Opinión, han venido sistemáticamente vulnerando no solamente las normas constitucionales, sino también muchas otras normas legales vigentes, todo ello con la burda y grosera intencionalidad de procurar disfrazar como supuesta “sucesión constitucional” lo que no ha sido otra cosa que un golpe de estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño.

 

Enrique Santiago Romero

 

Abogado. España

 

Miembro Mision Internacional de Observacion de la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Honduras 17 al 25 julio 2009.

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La clase de Historia de Honduras Secc. 17-02 escucha al Padre Tamayo

agosto 20, 2009 at 2:40 am (Uncategorized)

HH 101 Secc. 17-02. Padre Tamayo en la UNAH. Misa de resistencia. 18 de agosto de 2009

HH 101 Secc. 17-02. Padre Tamayo en la UNAH. Misa de resistencia. 18 de agosto de 2009

HH 101 Secc. 17-02  con el Padre Tamayo. 18 de agosto de 2009
HH 101 Secc. 17-02 con el Padre Tamayo. 18 de agosto de 2009

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HONDURAS: GOLPE DE ESTADO Y DEBILIDAD POLITICA DE LA DEMOCRACIA.

agosto 3, 2009 at 4:15 am (Uncategorized)

Que importante es que participemos en estos acontecimientos políticos, no nos cuesta nada, pero nuestra contribución es grandiosa e histórica para los fines que se persigue es inmensa, derrotar al fascismo con “nuevo” rostro democrático y constitucional.

Autor: PABLO RAUL FERNANDEZ LLERENA.

 

“Si pudiese volver a la juventud, cometería todos aquellos errores de nuevo, sólo que más temprano”. (T. B.).  

“Para que cometer los errores antiguos, habiendo tantos errores nuevos que cometer”.-

 

 

1.- BREVE HISTORIA POLITICA.


La democracia reconquistada en América Latina desde el sur del Río Grande hasta la Tierra del Fuego, la década de los 80’ del siglo XX y en especial en Centro América en general incluso el propio proceso de transición política, constituyó una difícil y desafiante responsabilidad social, político en el cual básicamente están comprometidos las fuerzas políticas de izquierda, como protagonistas centrales, a raíz de los largos procesos políticos de movimientos guerrilleros, de una izquierda revolucionaria que peleó por muchos años dentro de un modelo político agotado en América y que permitió durante ese mismo tiempo que la derecha más conservadora logre organizarse, movilizarse y sobre todo se presente como opción política, siempre disponiendo de su brazo militar de carácter político: Las Fuerzas Armadas.

Democracia histórica y políticamente recuperada, no ha tenido el suficiente tiempo político, así como el correspondiente oxigeno político para abordar un conjunto de grandes problemas estructurales generados por la existencia de la Brecha Social Histórica de la desigualdad económico-social – miseria, pobreza, desocupación, sub-ocupación, informalidad, desnutrición, hambre, marginación y sobre todo exclusión cultural violenta producto de la extensa y profunda diversidad cultural existente en nuestra América – problemas de la deuda externa, la violación de los Derechos Humanos, la corrupción institucionalizada, el militarismo como opción política, que siempre estuvo rondando que los cuarteles asaltaran Palacio e interrumpieran la débil Democracia y fundamentalmente la ausencia de Instituciones que garanticen un trabajo principal desde el Estado para implementar políticas públicas en torno a estos históricos problemas.

Sumados a ello los problemas de coyuntura: migración muy acentuada, especialmente de la juventud, prostitución, violencia a partir del surgimiento de pandillas, mafias, grupos armados delincuentes que ponen en serio riesgo la seguridad ciudadana, el avance del narcotráfico y en general de la economía criminal, evasión de impuestos y tener al frente los Paraísos Fiscales, se presentan como “anillo al dedo” para políticos y empresarios corruptos, hoy como opción “política” en el asalto de los Estados fallidos.

Las llamadas “repúblicas bananeras”, históricamente dominadas, manejadas políticamente por empresas multinacionales y corporaciones transnacionales, vigencia absoluta del sistema político informal, debilidad institucional, políticos internos desnacio- nacionalizados, débiles burguesías y oligarquías ultra-conservadoras fieles al servicio político del amo imperial, ausencia ética y responsabilidad política en relación a los grandes desafíos y retos económico sociales internos.

Esta realidad “política” siempre contó con su brazo político armado, fuerzas armadas “educadas”, dirigidas fieles a los intereses del modelo y la huella indeleble, terrorífica del Manual de Operaciones de la CIA y la “Escuela de las Américas”. El militarismo, a pesar, de los “largos” años de transición democrática, no fue derrotado como opción política, desde la democracia, al servicio de los más oscuros intereses de las clases dominantes.

“No está de más recordar que las fuerzas armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “re-educadas” durante los años 80’ cuando el Embajador de EEUU en Honduras era nada menos que John Negro ponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del súper-organismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno Sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país “.

2.- LA DEMOCRACIA Y EL GOLPE DE ESTADO.-

En trabajos publicados anteriormente, como el de Gobernabilidad y Gobernanza, sustentamos, que en América latina hoy están en vigencia hasta tres modelos distintos de Democracia:

*- Democracia liberal representativa, fiel al modelo implementado por las transnacionales, a los postulados del Consenso de Washington, al Departamento de Estado y la propia política terrorífica implementada por la casa Blanca a su tiempo. Modelo político liberal representativo que en definitiva no aborda los problemas estructurales e históricos pendientes en América latina y sustenta su aparente éxito en el crecimiento macro-económico, la inversión transnacional en sectores claves de la economía y su “excelente” relación – dependencia – con los organismos supranacionales. Da mayor peso y responsabilidad a las Políticas y Programas Sociales de coyuntura, por encima de las Políticas Públicas de Estado a mediano y largo plazo.

*- Democracias liberales, con fuerte tendencia a “modernizar” el sistema político desde dentro, en la coyuntura, sus gobiernos de turno están asumiendo fuertes compromisos político-institucionales internos, producto de ser ellos resultado de procesos políticos electorales con fuerte presencia de los sectores excluidos y las clases explotadas históricamente. No salen del sistema político, desarrollan una política “independiente” frente a los organismos multilaterales y muchas veces son contestatarios – ahora en la coyuntura – ante las consecuencias dramáticas que vemos de la Triple Crisis sistémica que nos ha exportado el modelo del capitalismo salvaje.

*- Democracia, aún “enclavada” dentro del modelo liberal, con fuerte tendencia a salir del sistema, su mejor herramienta democrática, políticas públicas participativas, dialogantes, solidarias, proceso político que construye una Democracia Participativa, Socialismo del Siglo XXI, con nuevos actores sociales y políticos: Las clases sociales históricas y hoy la extensa diversidad y profunda heterogeneidad de grupos sociales emergentes representa los Nuevos Sujetos Sociales Históricos, pugnan a partir de los “Nuevos Movimientos Sociales” con fuerte sello “anti-globalización” y sus propios mandatarios a la “cabeza”, dirección del proceso político, son ejemplos principales, la – revolución Sandinista, Revolución Bolivariana, Revolución “boliviana” de los Movimiento Sociales o Revolución Ciudadana Ecuatoriana – . El ALBA, Petro-Caribe, el Banco del Sur, TELE-SUR, etc., con políticas de Estado anti-sistema, desafían políticamente desde “dentro” al fracasado sistema político neoliberal.

3.- EL CUARTELAZO: El golpe de Estado.

A las 5 media esta mañana 200 soldados del Ejército hondureño rodearon la casa presidencial. La misión era una; capturar al presidente José Manuel Zelaya Rosales y la mayoría de su gabinete. La guardia presidencial, compuesta por diez policías, hizo resistencia y en el tiroteo entre las dos fuerzas desproporcionadas murió un policía.
El presidente fue llevado como secuestrado a la base del a Fuerza Aérea y posteriormente aterrizó en Costa Rica. A partir de ahí comenzó el pueblo hondureño a levantarse en forma pacífica rodeando la casa presidencial en miles de personas. Al mismo tiempo fue rodeada la casa de la canciller Patricia Rodas con tropas y francotiradores. Llegaron tres embajadores para rescatarla; de Nicaragua, Cuba y Venezuela. El embajador cubano fue tirado del carro por los militares. Y la canciller Rodas esta en este momento desaparecida

.

La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de estado en Honduras es una re-edición del que se perpetrara en Abril del 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. El cerco de aislamiento de inmediato comenzó por parte de los Gobiernos del ALBA, reunidos en Managua. La Organización de Estados Americanos OEA, se reunió de emergencia, condenando el Golpe de estado. Reafirma la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados;

Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que consiente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del Ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo.

La OEA dispone de una “llave maestra” de protección y defensa de la Democracia: los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana sobre el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros, poniendo en ejecución de inmediato se sanciona a los golpistas . Obviamente es precisa la coyuntura para levantar a un “muerto” político como es la OEA. Ha llegado su gran oportunidad. El día 1 de julio otorgó un plazo de 72 horas para el restablecimiento de la democracia en Honduras.

El mismo día 30 de junio la Asamblea General de las naciones Unidas brindó su apoyo total al Gobierno Constitucional del Presidente Manuel Zelaya. El aislamiento político a los golpistas debe ser más contundente: retiro de Embajadores y no reconocimiento del “gobierno espurio”. Sí pasa políticamente este golpe de estado`, ahora sí la democracia en América Latina estará retrocediendo 30 años y nuevamente con “mil argumentos falsos” tendremos golpistas, cuartelazos de gorilas políticos y dictaduras pintadas de democracias

4.- DEBILIDAD POLÍTICA DEL MODELO DEMOCRATICO.-

Los países que hoy son parte integrante del Bloque Político del ALBA, representan el “terror” político de las clases dominantes y principalmente de los nuevos grupos de poder las oligarquías financiero-especulativas comerciales, sectores muy reducidos pero los grandes beneficiados del “Modelo” del crecimiento sin desarrollo o sin modernidad. En su interior están precisamente más de la “veintena” de los nuevos “mil-millonarios”, y hombres más ricos del planeta. La modalidad de las luchas políticas históricas, en cuanto clases dominantes en el poder, siempre enfrentaron y liquidaron de diferentes formas a la oposición política, que generalmente venía desde las trincheras del pueblo, representado por la izquierda.

En cambio actualmente la oposición y las nuevas formas de lucha de clases más amplias y transparentes se manifiesta, teniendo como oponente central al Estado – el mismo que intentaron liquidarlo en los 90’, por los Gobiernos de turno de entonces -. La derecha políticamente “cavernaria”, retrógrada y profundamente conservadora en los últimos tiempos no moviliza masas, carece de discurso político, es incapaz de construir su propia “plataforma de lucha”, como parte de su “Agenda Interna” de Gobierno, prefiere utilizar un nuevo mecanismo de manipulación pública: el poder de los medios de comunicación.

Desde este “nuevo” ámbito, contexto y trinchera “democrática” ha planificado – si es que alguna vez pensó y reflexionó en profundidad o simplemente impuso medidas llenas de abuso, prepotencia, verticalismo y autoritarismo – los fracasados golpes de Estado en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Los “Nuevos” movimientos sociales en general, los movimientos sociales anti-globalización, – frentes regionales, frentes de defensa de su cultura, identidad y medio ambiente, movimientos étnicos, campesinos y nativos de comunidades originarias – y los propios movimientos gremiales, sindicales, populares y políticos, en la práctica de la lucha de clases diaria de enfrentamiento a las políticas neoliberales se han constituido en cierta manera en la principal fortaleza política de defensa, protección y sustento social de las democracias que avanzan hacia un “socialismo participativo” Socialismo Siglo XXI, cada uno como creación heroica y propia de sus pueblos.

El problema político central en Honduras, es que el Gobierno Constitucional de Manuel Zelaya, ingresó al bloque político y popular del ALBA, el proceso político interno, la fuerte presencia de la clase obrera de San Pedro Sula, los gremios urbanos y la propia juventud presionan políticamente y el “modelo” iba asumiendo políticas cada vez más radicales, progresistas y al servicio de su pueblo, situación que “encolerizó” a la “ridícula” oligarquía local, poderosa aparente con su fiel servicio al amo imperial, con sus políticas contra el pueblo, pero extremadamente débil en el contexto del ámbito latino-americano. El problema central no es la “simple consulta” en relación a que el pueblo se pronuncie sobre políticas participativas o la Elección de una Asamblea Constituyente, tendientes a forjar nuevas herramientas democráticas que fortalezcan el espíritu de las leyes que se consideran de avanzada o que tienden a mejorar los intereses del pueblo; es simplemente el agua que rebasa el vaso, la “chispa” que “ilumina” el eterno problema de los conservadores, su “arma” más oportuna al viejo estilo del gorilismo latinoamericano.

Asaltar Palacio de Gobierno, expulsar al Presidente Constitucional, deportar e internamente reprimir, encarcelar a la oposición, bloquear cuanto medio de comunicación con el exterior y presentarse como “simples angelitos políticos” salvadores de la Patria, “demócratas” forjados “en mil combates” y para ello cuentan con su aliado incondicional: Militares golpistas que utilizan las Fuerzas Armadas, sectores ultra-conservadores de la iglesia, civiles ávidos de poder, desprestigiado Poder Judicial – serio opositor al cambio social y político – el poder de los medios de comunicación – en los últimos tiempos convertido en la pieza clave del golpismo ultra-derechista o fiel acompañante de las dictaduras en América latina – que sienten temor, desesperación, cuando el pueblo intenta forjar su propio destino político.

Manuel Zelaya, Presidente Constitucional de Honduras aquí nos debe una explicación, si realmente asumió una política nacional responsable juntamente con su pueblo, fortaleciendo sus instituciones que sirvan de garantía, defensa y protección de sus intereses de clase ante una eventual interrupción del Poder Político o simplemente al final fue un intento personal de la vapuleada re-elección política, como “política de salón”, pero no una Política Pública trabajada desde el Estado y con responsabilidad social. Sin embargo, la prensa independiente, y aquella comprometida con el proceso político como son las cadenas de TELESUR, nos informan de la fuerte resistencia a la dictadura fascista que sigue atentando los más elementales derechos políticos del pueblo y la violación de los derechos humanos, la clase obrera, los gremios de transportistas, los sindicatos – aunque muy reducidos en número, pero como siempre verdaderos símbolos de resistencia – y la principal fortaleza de defensa y protección de la democracia, la sociedad civil organizada, el pueblo que desde sus trincheras del anonimato, pero con un fuerte compromiso político, con una fe inmensa en el futuro de su patria, con la fuerte confianza en sus diversas formas de lucha y oposición y la reafirmación ética y moral en sus líderes y conductores, ahí está precisamente la “gran reserva moral” de defensa del sistema político democrático, que a pesar de sus limitaciones, hoy la defienden ante la amenaza de su destrucción política por los viejos conservadores y eternos explotadores.

El peligro permanente de nuestra Democracia en América latina, es el de crecer como sistema político, pero con una muy débil y elemental capacidad de defensa institucional. Generalmente son democracias sin ciudadanía, manteniendo elementales niveles de ciudadanía política, ausencia absoluta de ciudadanía social, precisamente por el carácter conservador y tradicional de las oligarquías locales, permanente opositoras de mejorar algún nivel de los trabajadores y del pueblo en general – trabajo precario, desempleo, sub-empleo, informalidad, salarios deprimentes, condiciones de salud en niveles de espanto en el nuevo milenio, educación pésima y fundada en condiciones de sobre vivencia de alumnos y maestros, deserción escolar masiva, desnutrición histórica de su niñez, ausencia y falta absoluta de alternativa y futuro promisorio para la juventud, violación permanente de los derechos de asistencia social, jubilación, etc.:

Democracia fundada en alianza con las fuerzas armadas, a pesar de los años de democracia transcurridos ha sido incapaz, haciendo uso de herramientas y metodologías democráticas de eliminar las aún corrientes políticas militaristas, democracia que cree encontrar su fortaleza principal en las Elecciones Electorales, en el funcionamiento de los “viejos” partidos políticos, en el crecimiento económico, etc. Viejos argumentos en que otros tiempos políticos blindaban a la Democracia, pero que en nuestros tiempos de “Cambio de Época”, simplemente enfocan o abordan una parcela muy limitada del sistema democrático. Incluso aspectos centrales relacionados con la doctrina de los derechos humanos, hoy refuerzan las columnas centrales de lo que realmente comprende el sistema democrático en tiempos históricos y políticos de un nuevo escenario global.

 

5.- FORTALECER LA DEMOCRACIA: Desde una “nueva” mirada múltiple, popular y dialéctica.

Hoy la democracia tiene como fortaleza principal el conjunto de nuevas potencialidades y capacidades internas que “modernizan” el sistema, comenzamos caminando por la amplia avenida que se abre a la recuperación del mundo que nos pertenece, camino a la reflexión pública, tener una opinión, una reflexión en el espacio público y ello significa que desarrollamos Ciudadanía, performance que surge y se fortalece desde los ámbitos de una emergente, plural y dinámica Sociedad Civil, fundada principalmente en los nuevos poderes locales, en el reconocimiento y valoración del conjunto de capacidades, potencialidades endógenas, propias, nuestras “dormidas” y olvidadas por décadas, porque siempre se nos impuso modelos y formas de desarrollo desde arriba, totalmente ajenos y extraños a nuestros verdaderos problemas y necesidades fundamentales, performance sustentado en la coyuntura en los “Nuevos Movimientos Sociales” como Protesta Social, Conflicto Social o Movilización Social, es hoy parte principal de la nueva comprensión y lectura de la democracia, visualizando la profunda heterogeneidad social de la población, la amplia y extensa diversidad cultural, así como la difícil e intrincada desigualdad geográfica.

La democracia hoy debe “modernizar” el conjunto de sus herramientas múltiples que le permitan saber leer e interpretar el conjunto de las nuevas realidades – del ciudadano común y corriente, del trabajador, del migrante, del desocupado y sub-ocupado, del profesor, del despedido, de la madre de familia, del campesino, de pequeño y mediano agricultor, del nativo de las comunidades originarias, etc. Tiene que analizar, interpretar, para construir Opinión acerca de las nuevas realidades. Por ello la Información se transforma en Poder, en inmenso poder político de los pueblos que se organizan, movilizan, que construyen políticas de consenso, el diálogo, la negociación y la decisión es su “verdadera” arma democrática de lucha en defensa de sus derechos.

El golpe de estado no pasará en la hermana República de Honduras, hay que aislar efectivamente a los “nuevos” fascistas pintados de demócratas y constitucionalistas. Los pueblos de Latinoamérica están dispuestos en cada uno de sus países – y ahora comprendiendo el nuevo concepto de territorio, como el contexto geográfico que nos pertenece – asumimos la defensa de nuestra propia democracia – muy a pesar de sus inmensa limitaciones – por eso la criticamos pero proponiendo alternativas con la finalidad de proporcionarle “oxigeno político” ante la amenaza fascistoide de los sectores ultra-conservadores, halcones políticos de las transnacionales del imperio, sus aliados y fieles servidores y “peones” internos, que jamás “ se duermen” siempre están al asecho a pesar de no estar en el Gobierno del “amo del mundo”.

Nuestros pueblos hoy, con nuevas formas de lucha democráticas, propia del sistema político, asumen directamente después de décadas de “belleza, justicia, libertad y equidad” neoliberal, su propio destino político recuperar y reconstruir “el mundo que nos pertenece” desde un Estado Moderno, descentralizado, políticas públicas en beneficio de las amplias mayorías nacionales, que recupere la confianza y eleve el compromiso de su pueblo, promotor de políticas efectivas de inversión, trabajo, derechos sociales y derechos humanos, asumir verdadera “guerra” y cruzada nacional contra la corrupción institucionalizada, la violencia, la inseguridad ciudadana, la evasión tributaria, el narcotráfico, el narco-terrorismo, la economía criminal y en general las “nuevas políticas”, comiencen a caminar por el largo y peligroso camino, el camino de la verdadera democracia, la democracia de los ciudadanos, de los trabajadores, de los “electores” de los representados, campesinos de las comunidades históricas, nativos de los pueblos originarios y se abran políticamente, las amplias avenidas del Socialismo democrático, participativo, dialogante, construir un país nuevo, dentro de un mundo nuevo. El mundo que nos pertenece y que nos fue arrebatado por el poder de las transnacionales y sus políticas estratégicas, concentradas en el neoliberalismo. Hoy nuestras propias políticas fundadas y sustentadas en el poder local, con visión global, tienen mayor “peso político”, porque descansan en la fuerza, coraje y fortaleza de un pueblo que lucha por su destino y su futuro en el nuevo milenio,

Arequipa, “Patrimonio cultural de la humanidad”, julio 3 del 2009.

Publicado por Pablo Raul Fernandez

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Unidad I: Marco cronológico en que se desarrollan las sociedades pre-colombinas. Gr. 3

agosto 2, 2009 at 3:45 am (Uncategorized)

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Facultad de Ciencias Sociales

MARCO CRONOLOGICO EN QUE SE DESARROLLAN LAS SOCIEDADES PRECOMLOBINAS

HN-101 HISTORIA DE HONDURAS

CATEDRATICA: DRA. ANABELLA VELEZ DE PAREDES

 

PRESENTADO POR:

Nombre                                                             Cuenta

Greyci Sinai Velásquez            20070010472

Gabriela Sarai Banegas           20081006296

Raúl Eduardo Borjas                20021007520

Miguel Baquedano

 

Segundo Periodo año 2009

Sección 17:01

 

Ciudad universitaria, 21 de Julio 2009

 Introducción

Cuando hablamos de la América prehispánica, precolombina, precolonial o precortesiana nos estamos refiriendo al periodo anterior a la llegada de los españoles a América, cuando en tan vasto continente se desarrollaban tan diversas y complicadas culturas indígenas, todas ellas marcadas por un fuerte contenido religioso que marcará el desarrollo de toda su historia. Como veremos, la religión, primera estructura básica de toda organización social, ha regido la vida de los pueblos prehispánicos, especialmente de las grandes civilizaciones precolombinas.

Sintesis Marco Cronologico Del Desarrollo De Las Sociedades Precolombinas.

Las sociedades precolombinas se desarrollaron a traves de un proceso evolutivo

llamado: ” Etapa De Sociedades Indigenas De Desarrollo Autonomo”, el cual se

desarrolló a traves de etapas sin influencia y intromision de otras sociedades.

A continuacion marco cronoligico explicativo del desarrollo de estas sociedades:

 

 

Etapa de Sociedades Indigenas de Desarrollo Autonomo.

 

 

Etapas

 

 

Pèriodo Comprendido

 

Sintesis.

1-Cazadores incipientes

35,000 a 7,0000años a.c

 

En esta se refleja la primera etapa

 

de la vida del hombre la cual era

 

muy dura, dificil, el hombre era

 

nomada utilizaban instrumentos

 

rudimentarios par la realizacion de

 

sus actividades como ser palos

 

piedras.

 

 

2-Etapa de recolectas y

 

 cazadores con puntas

 

 de proyectil

 

7,000 a 8,0000 años a. c

 

Aqui ya comenzaron a fabricar

 

utencilios mas apropiados como

 

lanzas flechas  que les servian  para

 

la realizacion de sus actividades y

 

poder subsistir  como pesca y caza

 

de animales.

 

 

3- Etapa de cazadores y

 

agricultores incipientes

3,000 a 1,000 años a. c

 

Aqui los pueblos ademas  de

 

continuar con las actividades de

 

pesca , caza tambien comenzaron a

 

dedicarse a la agricultura , maiz y

 

que tuvo un gran impacto en la vida

 

de las sociedades y comenzo la

 

decentralizacion de los pueblos y

 

formaron aldeas agricolas mejor

 

roganizadas mas sofisticadaas con

 

una mentalidad diferente.

 

 

La agricultura se convierte en una

 

fuente de sustento mas estable y

 

asi siguieron surgiendo otras

 

actividades diferentes como

 

fabricacion de ollas, comales,

 

vasijas, fabricacion de metales y

 

morteros.

 

 

 

Luego la evolucion de estas sociedades  se volvio mas   compleja  y vino el desarrollo de la escultura y

 

arquitectura, construccion  de  ciudades, posesion de  conocimientos  importantes en  el  campo de la

 

astronomia etc este proceso comenzo por el año 1,000 a. c y a partir de ese momento se desarrollaron

 

otras etapas.

 

A- preclasico

2,000 a 2,500 años d.c

 

Comenzaron a

 

desarrollarse elementos

 

culturales propios de la s

 

sociedades.

 

B-clasico

 

 

250-900 d.c

 

Ocurrieron  emigraciones a otros

 

lugares en busca de mejores opciones

 

se utilizaba la arquitectura,

 

escultura,ciencia,y religion se

 

mezclaban yodos los ambitos de la

 

sociedad.

 

C-Post clasico

   

Las sociedades entraron en crisis

 

(gueras) con los pueblos vecinos y

 

debido a esta situacion decae la

 

produccion  agricola , se

 

produjeron epidemias etc, fue la

 

situacion mas dificil que enfrentaron 

 

las  sociedades

 

 

Las sociedades continuaron en el proceso de desarrollo a traves de etapas hasta obtener un desarrollo satisfactorio.

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