Agresión y represión en contra de la ciudadanía

noviembre 25, 2011 at 9:30 pm (Uncategorized)

 

Anarella Vélez

Cada día asistimos a diversos episodios de abuso policial en este país. Esto ha generado un amplio debate público, en torno a las actuaciones de ciertas instituciones responsables de la seguridad. La ciudadanía en su conjunto demanda que deben adoptarse medidas que le pongan fin a la situación de inseguridad y violencia extrema a la que está sometido el pueblo.

Los integrantes de las fuerzas del orden están ejerciendo, con una habitualidad que asombra, la tortura, el asalto, el asesinato y violan, con absoluta impunidad, los derechos de las/os ciudadanas/os. Para todas y todos, este problema se ha convertido en prioritario. Es urgente que el funcionamiento de La Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia se adecúe a los estándares de legalidad y eficiencia del mundo contemporáneo.

Tras el golpe de estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales en el 2009, Honduras enfrenta una descomposición de las instituciones, particularmente de las fuerzas de seguridad.   Éstas  comenzaron a operar contraviniendo toda la formación que habían adquirido durante el período democrático. El irrespeto a las garantías individuales, bajo el argumento de la necesidad de preservar el orden público, se ha generalizado e intensificado. A partir de entonces las fuerzas de seguridad vienen reprimiendo los derechos de la ciudadanía como forma de proceder diaria.

Los hechos que han conmovido a la hondureñidad y que develaron la participación de La Policía en e­­l brutal asesinato de dos estudiantes universitarios, Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22 de octubre de 2011), fue conocida gracias a la investigación realizada por un equipo de forenses y profesionales universitarios, quienes investigaron y esclarecieron algunos aspectos del crimen. Si la indagación de estos sucesos hubiesen quedado en otras manos, probablemente, hoy tendríamos la versión usada por estos organismos: los muchachos fueron víctimas de la delincuencia común.

A pesar de que aún quedan muchas incógnitas por resolver, ha quedado expuesto ante los ojos del pueblo hondureño la colusión entre las autoridades que investigan los casos, La Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal y el Ministerio Público. Estas instituciones comparten responsabilidades, pues desde hace mucho tiempo tienen información que los cuerpos del orden abusan de la fuerza, extorsionan, torturan, humillan, roban, trafican drogas y asesinan.

En este escenario algo aún más grave ha salido a la luz. De las declaraciones de los policías involucrados en ese doble crimen se desprende la siguiente información: tras ser herido el estudiante Vargas Castellanos y ser detenido junto a su amigo Pineda Rodríguez, éste suplicó por la vida del herido y que fuera trasladado al Hospital. Los policías pidieron orientación a sus superiores para buscar una salida a la situación. Al parecer recibieron el mandato de eliminar a los jóvenes y deshacerse de las pruebas del delito. Esto pone al descubierto que miembros de la alta jerarquía de esa institución dirige los ilícitos que comenten los cuerpos policiales.

Con la investigación del asesinato de esos jóvenes ahora tenemos las pruebas que confirman lo que siempre se ha comentado sotto voce, que La Policía no resuelve los crímenes por falta de recursos, sino por ser partícipe de los mismos. Empero, es necesario reconocer que este es solo un aspecto del problema, de suyo complejo, que exige romper con patrones culturales y reconstruir la lógica de los individuos que integran esas instituciones a fin de recuperar la eficacia y la credibilidad de las mismas.

La sociedad entera entiende que este es el momento más apropiado para gestar un momento de contingencia, necesario para proceder a la depuración de La Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Este proceso debería ser acompañado por los organismos internacionales encargados de velar para la erradicación de estos males.

Sin duda alguna, estas son condiciones indispensables para lograr que estos crímenes no queden en la impunidad, para que los responsables materiales e intelectuales sean castigados. El Gobierno no puede seguir ignorando ésta realidad. Sólo así se pondrá fin a las agresiones y la represión en contra de la ciudadanía.

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